Tomey está acusado de ser uno de los responsables del supuesto fraude de más de 3.500 millones de pesetas en las cuentas de la diputación alcarreña durante los años 1991, 1993, 1994 y 1995, después de que la Fiscalía de Guadalajara señalara que existían indicios de la comisión de un delito continuado de falsedad en documento oficial, al ocultar partidas económicas en los presupuestos alcarreños.

Por ello, el mgistrado del Supremo Adolfo Prego, instructor del caso, ha solicitado a la Diputación de Guadalajara que remita "relación pormenorizada de todas las cuentas corrientes abiertas a nombre de aquélla" en los años a los que se refiere el supuesto fraude, así como extractos en los que se reflejen los intereses bancarios devengados.

Además, quiere conocer la identidad de todos los trabajadores de la diputación alcarreña que dependían del servicio de Intervención -que dirigía el fallecido José Villalgordo- yque trabajaron "en lass operaciones de preparación, elaboración y liquidación del presupuesto general de 1995".

Finalmente, el magistrado envía un oficio al Tribunal de Cuentas para que remita el resultado de la fiscalización llevada a cabo sobre la Diputación de Guadalajara y otro escrito similar al Ministerio de Hacienda.