El secretario general de ASAJA, Juan Sánchez, explicó que reclaman el tipo de ayudas para sectores en crisis que no requieren ni siquiera permiso de la Unión Europea, y que pueden ascender a hasta 3.000 euros por explotación.

Asimismo, Sánchez denunució que esas ayudas ya se dieron el año pasado por la subida de los carburantes tanto en el sector agrícola como en el sector pesquero. "No pedimos nada que no se nos pueda dar", dijo.

Otras ayudas que piden los agricultores del sector es la rebaja de los módulos de la declaración de la renta, ayudas para la producción integrada por hacer un producto de calidad y un incremento de la bonificación de la línea del seguro combinado de tomate.

"No queremos que piensen que estamos manifestándonos en contra de nadie, estamos aquí porque el sector del tomate se está muriendo, hemos decubierto la enfermedad y sabemos qué es lo que se puede hacer, pero nosotros no tenemos la medicina", aseguró Ignacio Huertas, secretario general de Extremadura de UPA.

"Pedimos unas medidas que están en su mano, que económicamente para el 2006 no suponen más de 15 millones de euros y que como derecho nos pertenecen", aseguró Eduardo López, representante de frutas y hortalizas de COAG.

"No puede ser que un italiano cobre 4 o 5 pesetas más por el kilo del tomate que nosotros porque, por muchas inversiones que hayamos realizado para producir muchos kilos más, al final ellos están en el mercado en mejores condiciones que nosotros", denunció Eduardo López.

En este sentido, Diego Sánchez, portavoz de Agricultura del Partido Popular de Extremadura, aseguró hoy que cuando se negoció la OCM de frutas y hortalizas en el año 2001 se le asignaron 1.238.606 toneladas de umbral de tomate para España. "No estaba mal negociado porque era justamente la producción que tenía España", dijo.

Además Diego Sánchez explicó que la propia Junta de Extremadura ha motivado a los agricultores a sembrar más sin darles la información adecuada y ha creado industrias transformadoras para el sector. "Eso es lo que hay que hacer pero con proyectos que sean viables y no lleven al agricultor a la ruina", dijo.

"El Gobierno del señor Rodríguez Ibarra y el Gobierno central tiene que dar soluciones, salvar esta campaña del 2006 con soluciones transitorias, como los 15 millones de euros que pide el sector, y que la OCM entre en vigor en 2007 para que reconozcan sus derechos y puedan seguir cultivando tomates en España", señaló el portavoz del PP.