Está prevista la participación de representantes de las autonomías de Navarra, Canarias, Castilla y León, Cantabria, Murcia, La Rioja, Madrid, Andalucía, Asturias, Aragón, Cataluña y Baleares, del Ministerio de Administraciones Públicas, del nem, de ayuntamientos diversos y de los sindicatos UGT y CCOO.

El objetivo es debatir la situación actual de las políticas que llevan a cabo cada una de las administraciones para la integración de los discapacitados en el empleo público, así como conocer las nuevas propuestas tanto de las asociaciones como de los distintos organismos oficiales.

El director de la Función Pública de Castilla-La Mancha, Ricardo Navarro, declaró con motivo de la presentación de estas sesiones que "las administracione tenemos la obligación de caminar más deprisa en la integración de los discapacitados en el empleo público".

Sin embargo, matizó que "la política de cuotas es ahora necesaria, pero no debe ser la solución definitiva, sino que debemos ir a otras medidas que garanticen la igualdad de oportunidades de acceso".

Navarro añadió que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha reservado un 5% de las plazas de empleo público ofertadas para este colectivo, cuando la legislación estatal sólo reserva a ste fin un 3%.

Por su parte, el secretario general del Real Patronato, Francisco Mira, señaló la conveniencia de que la capacidad del trabajador sea el único criterio para acceder a un empleo público, pero reconoció que, en la situación actual, el establecimiento de cupos para discapacitados "es un paso importante".