Este contrato, cuya duración será de 30 años, sustituye al vigente desde 1946, que, según el Ejecutivo, "resulta claramente superado por la realidad actual".

Al contrario de lo que ocurre con el actual, el nuevo contrato ierde el carácter de ley y, en consecuencia, queda sujeto a lo establecido en la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones (LOT) y en la Ley de Contratos del Estado.

Si bien se otorgan inicialmente a Telefónica, para su explotación en régimen de monopolio, los servicios que presta en la actualidad (telefonía urbana, interurbana e internacional, telefax, videotex, teletex, telefonía móvil, etc.), el contrato plantea un proceso gradual de reducción de los mismos hasta quedar limitados al servicio de tlefonía básica y el servicio de alquiler de circuitos.

La compañía estatal deberá ajustarse al principio de neutralidad en la prestación de los servicios monopolizados con respecto a otros prestadores de serviciios de telecomunicación en libre competencia.

Se le reconoce a Telefónica el derecho a construir redes, a utilizar el dominio público y a unas tarifas suficientes para el mantenimiento del equilibrio financiero de la concesión.

Entre las obligaciones de la compañía, además de la instaación de al menos un teléfono público en todas las entidades de población de más de diez habitantes en un plazo de 5 años, figura la extensión del abono urbano a las entidades de población de más de 50 habitantes y la desaparición del concepto de extrarradio en el futuro.