De esta manera, las personas que tengan un grado de discapacidad mayor a un 65 por ciento que, cobrando la citada prestación, encuentren un empleo, podrán mantener la pensión durante cuatro años, siempre que la suma de los dos ingresos no supere 1,5 veces el Indicador Público de Rentas con Efectos Múltiples (IPREM), unos 600 euros mensuales.

En caso de exceder de esa cuantía, la nueva normativa fija que se rebajará el importe de la pensión en el 50% del exceso, siempre con el límite de 1,5 veces el IPREM.

En el trámite de Comisión en el Senado, el PP, con el apoyo del PNV y CiU, ha logrado introducir una enmienda, a la que se oponían los socialistas, para regular de idéntico modo que lo anterior la compatibilidad de las asignaciones familiares por hijo a cargo con discapacidad de la Seguridad Social con la actividad remunerada.

Pese al acuerdo global sobre el texto remitido desde el Congreso, el enfrentamiento entre PP y PSOE se ha expresado de esa forma en el Senado y también con la negativa de los populares a apoyar unas enmiendas de los socialistas, que finalmente no han encontrado el apoyo suficiente y deberán ser debatidas en el pleno de la Cámara Alta.

RANGO DE LEY

Estas enmiendas pretenden aprovechar la tramitación de la proposición de ley para dotar de "mayor seguridad jurídica" a una norma que garantiza la compatibilidad entre las asignaciones familiares por hijo a cargo minusválido en grado igual o superior al 65% y la pensión de orfandad que dicho hijo viniera percibiendo.

En los últimos meses del Gobierno del PP una ley declaró incompatibles estas dos ayudas y, posteriormente, un real decreto, también del Ejecutivo de José María Aznar, subsanó esa situación y repuso la citada compatibilidad, algo que reclamaban las asociaciones de discapacitados, encabezadas por el CERMI.

Con las enmiendas que pretende introducir el PSOE en la proposición de ley que se está tramitando en el Senado, se busca que ese decreto obtenga rango de ley.

El senador socialista José Antonio Alonso, explicó a Servimedia que esta nueva regulación "no supone incremento de gasto, dota al ordenamiento de la Seguridad Social de mayor seguridad jurídica y, sobre todo, atiende una demanda unánimemente solicitada por las organizaciones representantivas de las personas con discapacidad".

Aunque el PSOE no ha podido sacar adelante estas enmiendas en la comisión, Alonso se mostró convencido de que serán aprobadas por el pleno del Senado, al contar con el apoyo de los grupos nacionalistas.