El portavoz del PP, Ignacio Astarloa, consideró esta solicitud "especialmente relevante", ya que aseguró que este acto supondría un "antes y un después en la acción de Gobierno en materia de terrorismo", puesto que, según dijo, "el presidente del Gobierno ha traspasado una barrera que debe explicar ante el Congreso".

"No es cualquier cosa que un presidente de Gobierno transmita que las leyes se cumplen con criterios de oportunidad", agregó. "Es la firmeza del Estado de Derecho y no la buena voluntad de los terroristas la que ha acorralado al terrorismo, y debe ser la firmeza del Estado de Derecho y no la buena voluntad de los terroristas la que acabe definitivamente con la violencia".

Astarloa acusó a Rodríguez Zapatero de "cambiar la política antiterrorista" sin explicarlo ni al Parlamento ni a los ciudadanos y aunque no quiso vincular este cambio explicitamente al Pacto del Tinell, que dió lugar al Gobierno tripartito catalán, sí dijo que "el hecho es que el presidente del Gobierno ha decidido prescindir el Pacto Antiterrorista" tras este acuerdo.

A su juicio, es "insólito y gravísimo" que se cuestione de manera unilateral la política antiterrorista común, máxime cuando "todos los gestos (del Gobierno) que deberían haber producido efectos milagrosos, lo único que han producido son esfectos gravisímos: vuelta a las instituciones (de Batasuna), vuelta a la calle, vuelta a los medios de comunicación y desmantelamiento progresivo del Estado de derecho, y todo ello sin que el terror haya movido un músculo".

Recordó que los socialistas sostienen que sólo se actuará cuando los terroristas renuncien definitivamente a las armas y, pese a ello, "el Gobierno actúa todos los días incluso por boca de su presidente", que invocó la libertad de reunión en relación a la asamblea de Batasuna.

"Claro que se pueden reunir para hacer un club de quinielas, pero no para reactivar un partido que ha sido ilegalizado por ser el brazo político del terrorismo", señaló.

Astarloa acusó al Gobierno de mantener una actitud pasiva ante la asamblea del día 21 y extendió sus críticas al fiscal general del Estado. "Han defraudado", indicó, "a los españoles" y añadió que han hecho un daño enormea la lucha antiterrorista. "Tiene que explicar (Zapatero) el porqué y su cesión ilimitada a los planteamientos de Batasuna y el terror", apuntó.

"¿Por qué está arruinando de manera consciente y querida la Ley de Partidos y el conjunto de la legislación antiterrorista?", prosiguió. "¿Por qué está eligiendo el peor camino para luchar contra el terrorismo?. ¿Cómo se le ha ocurrido semejante disparate?. (...) ¿Por qué está acabando con el prestigio exterior de España y porqué le ha dado la inicitiva a los terroristas?".

Concluyó criticando que se acuse al PP de dificultar el proceso de paz por decir cosas "de cajón". "Quiero preguntarle cara a cara ¿qué proceso de paz?. Que diga a donde está llevando y por qué, y que lo haga por el bien de la lucha antiterrorista, por el bien de la imagen del presidente, por el bien de España y porque no puede haber la impresión de que se acepta la máxima del terror, que es cambiar armas por naciones", manifestó.

OFENSA A LA DEMOCRACIA

Por su parte, el portavoz del PSOE en la Comisión Constitucional, Ramón Jáuregui denunció que, con su intervención de hoy, el PP "ha vuelto a ofender a la democracia y a la inteligencia", y aseguró que el Gobierno "ha actuado con exquisito respeto a las leyes", al dejar que las decisiones las tome quien ha de tomarlas y cuando deba hacerlo.

"Una reunión no puede prohibirse salvo que en ella se esté produciendo un hecho delictivo. Pero, además, la Ley de Partidos, cuando establece su abanico de sanciones, no criminaliza las ideologías, no impide el ejercicio de los derechos individuales de las personas que, incluso habiendo participado en el partido ilegalizado, ejercen un derecho fundamental", recalcó.

Insistió en que "no ha habido pasividad alguna por parte del Gobierno, sino confianza en las instituciones y respeto al papel de cada una de ellas", para reiterar la "pulcritud" de su actuación y el "escrupuloso" respeto a las leyes, por lo que dijo al PP que "sé que quieren la paz, pero actúan con mala fé" cuando dicen que se está desmantelando el Estado y la lucha antiterrorista.

Por último, Jáuregui recordó que cuando el PP estaba en el Gobierno, el PSOE no hizo sino apoyarle, de acuerdo con el cumplimiento de un Pacto Antiterrorista que los propios socialistas propusieron, y apostilló que "la paz no es cosa de unos solos, no es cosa de unos contra otros, si es, será cosa de todos".

MILITARIZAR LA POLÍTICA

En nombre de IU, Gaspar Llamazares, acusó a los populares de intentar "militarizar la política" al pedir la comparecencia del presidente para hablar de política antiterrorista cuando, "si nos atenemos a cifras, el terrorismo que pretende objetivos políticos no ha causado víctimas durante más de dos años y medio".

"¿A que viene esta sobreactuación del PP, a que vienen estas alaracas, a qué viene esta dramatización, a qué viene esta petición de comparecencia del presidente del Gobierno?", dijo Llamazares, quien acusó al PP de hacer ver que "sólo puede negociar la derecha, imbuida de patriotismo nacional, y no lo puede hacer la izquierda porque sería traidora".

En su opinión, a falta de datos objetivos se recurre a "la calumnia" de afirmar que el Gobierno está negociando paz por territorios. "Ustedes no tienen el monopolio de la política antiterrista. Ustedes no tienen derecho de veto en política antiterrorista, ni pueden monopolizar a las víctimas", agregó.

MÁS DISCRECIÓN

El portavoz de Interior de CiU en el Congreso, Jordi Jané, advirtió de que debatir esta cuestión con el presidente del Gobierno "rompería una base de consenso sobre esta materia que no es bueno trasladar a los ciudadanos", porque abre un debate que "nos debilita como Parlamento" en un proceso exige "discreción", no "crispación".

Joan Puig, de ERC, denunció que "algunos tienen miedo a la paz y van a hacer lo posible para impedirla". Agregó que el PP también habló en su momento con ETA, porque es la obligación de los gobernantes, y hoy pretende que el Gobierno "esté inmóvil ante los movimientos que se producen". Apuntó que "ustedes lo intentaron a su manera y fracasaron, dejen la oportunidad a que los demás avancemos".

En nombre del PNV, Emilio Olabarría se opuso a una petición "excéntrica y tramposa, porque intenta hacer penetrar por la puerta de atrás un debate sobre políticaantiterrorista". Francisco Rodríguez, del BNG, rechazó la petición porque "hay que dejar un espacio para la actuación política", y Luis Mardones, de Coalición Canaria, se abstuvo, por considerar que no es la política sino la justicia la que debe actuar en este momento.