En el Día Internacional de los Derechos Humanos, los diputados, de PP, PSOE, IU, Ci, PNV, CC, PA y EA, firmaron un manifiesto de apoyo a esta campaña, que pretende que el comercio de armas ligeras tenga algún tipo de control, "como lo tienen el vino o los libros".

El diputado de CiU Carles Campuzano recordó la firma del Tratado de Otawa, contra las minas antipersonales, como precedente de lo que pueden conseguir gobiernos, parlamentos y sociedad civil cuando están unidos.

El diputado socialista Alberto Moragues señaló que el Gobierno del PP no supo liderar en su momento la firm del Tratado de Otawa, aunque "hay que reconocer que reaccionó muy bien y España fue el primer país en suprimir las minas antipersonales".

En esta misma línea, el portavoz del PP en la comisión de Asuntos Exteriores, Gustavo de Arístegui, señaló que las armas ligeras son "una de las bases del terrorismo y del crimen organizado".

Desde que Amnistía e Intermón pusieran en marcha la campaña, hace dos meses, se han adherido a él los gobiernos de Brasil, Costa Rica, Holanda, Macedonia, Finlandia, Cambya y Malí.

Amnistía e Intermón denuncian que varios países de Oriente Medio, la región más militarizada del planeta, tienen contratos armamentísticos con empresas españolas. Este es el caso de Arabia Saudí (1.300 millones de euros) o Turquía (278 millones).

La lista de contratos españoles incluye otros países en contextos de clara tensión e inestabilidad, como Filipinas, India, Indonesia, Nepal, Israel, Tailandia, Angola o Venezuela.

UNA PERSONA POR MINUTO

Según Intermón y Amnistía, una pesona muere cada minuto víctima de un arma convencional, entre 300.000 y 500.000 niños soldados participan en conflictos armados, y hay en el mundo un total de 639 millones de armas ligeras, una por cada diez personas.

El director de la Sección Española de Amnistía, Esteban Beltrán, pidió al Gobierno una mayor responsabilidad en su política de venta de armas y de control de los intermediarios que operan desde o a través de territorio español.

Por su parte, Eva Quintana, directora de la campaña en ntermón Oxfam, considera necesario un mayor compromiso político para frenar las exportaciones de armas españolas a países que violan los derechos humanos.