La disposición, que fue aprobada el pasado 10 de julio por el Consejo de Ministros, extiende el derecho a percibir pensiones extraordinarias a todas las víctimas de atentados terroristas, estén o no encuadradas en el régimen público de Seguridad Social.

A partir de mañana, día en que entrará en vigor el real decreto, las personas que no tienen derecho a pensión por no cotizar a la Seguridad Socia percibirán, en el caso de ser víctimas de un atentado terroritsa, una cuantía que será, como mínimo, igual al doble del salario mínimo interprofesional vigente en cada momento.

El real decreto estipula que, además, las pensiones extraordinarias derivadas de actos terroristas quedan exentas de las normas que, sobre límites máximos de percepción, rigen para el resto de las pensiones públicas.

Asimismo, establece que, en caso de incapacitación o muerte de personas integradas en el régimen de la Segridad Social, sus beneficiaros percibirán el doble de la pensión ordinaria.

La disposición tiene carácter retroactivo desde el 1 de enero de 1992, por lo que ampara a todas las personas que han sufrido lesiones por atentados terroristas durante este año.

Hasta la aprobación de este decreto, sólo estaban reguladas en el Régimen de Clases Pasivas las pensiones extraordinarias por actos terroristas cometidos contra funcionarios en el ejercicio de su actividad, que contemplaba algunos casos en los qu, estando el funcionario ya jubilado o retirado, existía relación entre el atentado y su anterior condición de funcionario.

Sin embargo, aunque desde el mes de diciembre de 1990 existen pensiones en la Seguridad Social para víctimas de actos terroristas, la actuación indiscriminada del terrorismo fue la causa por la que el Gobierno decidió extender el derecho a todas las víctimas.