Los 15 jueces que componen la Gran Sala tienen sobre la mesa responder a la cuestión prejudicial que le planteó Llarena, después de la negativa del Tribunal de Apelación de Bruselas de entregar al exconsejero Lluis Puig con el argumento de que el Tribunal Supremo español no era competente para juzgarlo y que debía hacerlo el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat).

En representación de la Fiscalía española se han desplazado a Luxemburgo los fiscales Fidel Cadena y Consuelo Madrigal, que han defendido lo "absurdo” que resulta que el país al que se solicita la entrega se adjudique el “control” del proceso judicial en el país solicitante, como pretende Bélgica al poner en duda la competencia del Supremo para juzgar a los huidos.

Además, la justicia belga apuntó que las autoridades españolas podrían acabar violando los derechos fundamentales de Puig, según el contenido del informe del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria publicado en 2019. Los fiscales españoles defendieron que en el proceso por el que se condenó a los líderes independentistas no se produjo vulneración alguna de derechos fundamentales.

Por su parte, la defensa de Puigdemont, encabezada por Gonzalo Boye, insistió en la idea de que España ha emprendido una “persecución infame” contra el independentismo catalán y arrojó dudas sobre el “riesgo” de que Puigdemont y los exconsejeros Clara Ponsatí, Lluis Puig y Toni Comín no tengan un juicio justo en España.

Por su parte, Andreu Van den Eynde, que actuó en defensa de la dirigente de ERC Marta Rovira, huida a Suiza, esgrimió que el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras no debió ser condenado porque el propio TJUE dictó una sentencia en 2019 en la que establecía que el líder independentista gozaba de inmunidad como europarlamentario y por tanto no podría ser condenado.