En una providencia hecha pública hoy, la sala explica que retrasa su decisión ante la posibilidad de que el recurso sea susceptible de amparo ante el Tribunal Constitucional, por lo que concede un plazo de 5 días a las partes y al ministerio fiscal para que formulen sus alegaciones al respecto.

Según fuenes judiciales, si en este plazo no se producen alegaciones, la sala decidiría si el caso pasa directamente al Constitucional. Por contra, si las partes se oponen, deberá estudiar de nuevo el recurso para decidir sobre su competencia para entender de este asunto.

El presidente regional del PP, José Manuel Molina, anunció tras conocer el aplazamiento que el letrado que les representa, el ex presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo Federico Carlos Sainz de Robles, "presentará las alegaciones pertinente dentro de los plazos". Agregó que no temía a un retraso en la sentencia "porque se trata de un proceso sumarísimo".

El PP interpuso un recurso ante el alto tribunal castellano- manchego el pasado 8 de octubre para denunciar la violación de los derechos fundamentales en la decisión del Parlamento regional de congelar las subvenciones de 1993.

Este acuerdo se basó en un informe del interventor delegado de la Mesa del Congreso, que detectó la no jusficación de 198,3 millones de pesetas de las subveciones recibidas por el PP en los últimos 5 años.