El portavoz del PP Jaime Ignacio del Burgo considera que "ante el clima de corrupción pública que estamos viviendo ahora, no parece que estas medidas hayan servido de mucho".

Para argumentar este análisis, el diputado popular afirma que "el 'caso Ollero' parece un un caso típico de tráfico de influencias y el 'caso Ibercorp' encaja perfectamente en un supuesto de información pivilegiada".

Del Burgo añadió que cuando los grupos parlamentarios aprobaron por unanimidad la tipificación de estos delitos, perseguían dotar a la justicia de una posibilidad de reacción frente a actuaciones que no estaban perseguidas hasta entonces por el Código Penal.

"Lo único que parece que hemos conseguido es que los casos de tráfico de influencias o información privilegiada puedan acabar en los tribunales", añadió el portavoz del PP.

Pablo Castellano, portavoz del área de justicia de zquierda Unida, recuerda que su grupo dio un "sí" crítico a la redacción consensuada por otros grupos, porque convertía el tráfico de influencias y la información privilegiada en "simples delitos retóricos".

"Recientes escándalos han demostrado que esta tipificación no sirve para nada, porque, según el Cógido Penal, existe delito cuando se demuestra que un funcionario ha obtenido beneficio. No basta con que el funcionario haya influido para ello", señaló Castellano.

"Habría que haber castigado laactitud del funcionario, independientemente de cuál sea el resultado posterior", agregó el diputado de IU. "Se hizo una regulación descafeinada y por eso surgen ahora los 'casos olleros'".

Castellano dijo que IU rechazará el nuevo proyecto de Ley de Contratos del Estado que remitirá en breve el Gobierno al Parlamento si "sigue impidiendo que todos los ciudadanos puedan tener total conocimiento de los contratos y expedientes que hace la Administración".

Izquierda Unida vaticina que el PSOE seguirádefendiendo leyes "que persigan el secretismo, para que nadie se entere, por ejemplo, de las condiciones en que se ha producido la compra o venta de cualquier edificio público".

"INSTRUMENTOS COMPLETOS"

El CDS tampoco está satisfecho con los efectos de la inclusión de estos delitos en el Código Penal. Su portavoz en el Congreso, José Ramón Caso, opina que aunque la justicia puede aplicar ahora sanciones penales ejemplares, siguen existiendo "lagunas" en el ámbito administrativo.

Según el CDS, e necesario que el Gobierno cumpla su compromiso de modificar la Ley de Contratos del Estado, para privar de fondos públicos a las empresas que hayan participado en algún hecho irregular. El presidente del Gobierno, Felipe González, se mostró partidario de instaurar esta medida durante el último debate sobre el "estado de la nación".

Asimismo, Caso considera que mientras no se reduzcan los gastos electorales al menos un 50 por ciento continuarán existiendo muchos riesgos de corrupción política.

Lo socialistas enjuician de modo más positivo los resultados de la inclusión en el Código Penal del tráfico de influencias y la información privilegiada.

"Con la inclusión de estos tipos penales se completaron las medidas que el Código ya incluía para la persecución de posibles actuaciones concretas de corrupción", señaló el secretario general del Grupo Socialista, José Beviá.

"Si a ello añadimos otras modificaciones, como las leyes de incompatibilidades de altos cargos, la incompatibilidad de dipuados y senadores o el cambio en la Ley del Mercado de Valores, yo creo que los tribunales de justicia españoles disponen de uno de los instrumentos más completos de todos los países de nuestro entorno", agregó el dirigente socialista.