Jaime de Pablos, que es también coordinadora de la guía de atención integral a mujeres víctimas de delitos contra la libertad sexual, declaró a Servimedia que no conoce el informe presentado esta mañana por la secretaria general de Políticas de Igualdad, Soledad Murillo, sobre el acoso laboral a las mujeres españolas, que indica que el 14,9% de ellas han sufrido alguna situación de acoso sexual en el último año, pero que sí cree que la legislación debería modificarse.

"Actualmente, la legislación pone muchísimas dificultades para la denuncia de los temas de acoso laboral" y es necesario tomar medidas para que las mujeres que lo sufren no sean "nuevamente victimizadas por la administración de Justicia", aseguró.

Una mujer víctima de este acoso, explicó, tiene muchas dificultades para denunciar, ya que hasta que la resolución judicial sobre su caso no sea firme "tiene que continuar trabajando mientras que se tramita el procedimiento".

Por lo tanto, subrayó esta abogada, la única solución que queda en la mayor parte de los casos de mujeres acosadas sexualmente en su empleo es "abandonar su puesto de trabajo con todos los perjuicios que ello supone", hasta que se dicte una resolución judicial.

Por eso, insistió, "nosotros proponemos que a la trabajadora que denuncie ser víctima de acoso sexual se la autorice, con carácter cautelar, a que deje de ir al centro de trabajo".

Por otra parte, se mostró partidaria de que los acosadores tengan penas de cárcel como castigo a su conducta y que lleven aparejada "una inhabilitación que impida que el culpable pueda continuar realizando las mismas conductas con diferentes víctimas". Actualmente, explicó, las sanciones para ellos son penas de multas