Margarita Retuerto señala que la negativa de terceros a consentir el tratamiento urgente de un menor de edad debe ser "irrelevante incluso cuando son titulares de la patria potestad los que, por motivos religiosos o por cualquier otro motivo, se oponen al tratamiento".La defensora del pueblo en funciones manifiesta en su escrito que "los complejos problemas relativos al adulto capaz de prestar consentimiento, se diluyen cuando el enfermo necesitado de tratamiento es un mnor de edad y es preocupación concreta que anima en esta intervención al Defensor del Pueblo de acuerdo con la misión consitucional que la institución tiene atribuida".

El escrito recuerda que la salvaguarda del superior interés del niño inspira el artículo 154 del Código Civil y realiza varias consideraciones sobre el derecho de los menores en relación con el conjunto de garantías sobre tratamiento médico y, concretamente, frente al "consentimiento informado" del paciente, previsto en la Ley General e Sanidad.

El defensor pide a la ministra de Sanidad que dé a conocer las medidas que "puedieran adoptarse para la actuación de los profesionales sanitarios en los supuestos de carácter general, tanto urgentes como no urgentes, que afecten a menores de edad".