La institución remarca qe la oficina recibió diversas quejas de ciudadanos que tuvieron que desplazarse desde la península hasta las islas o viceversa para testificar ante diferentes órganos judiciales.

La regulación vigente de esta indemnizaciones se rige todavía, según recalca la memoria, por una norma ministerial de mayo de 1951, pese a que la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1990 autorizaba al Gobierno a actualizar el reglamento.

Los testigos que comparecen a declarar ante un organismo judicial tienen drecho, de acuerdo con el artículo 722 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a percibir cierta cantidad "teniendo en cuenta los gastos del viaje y el importe de los jornales perdidos por el testigo con motivo de su comparecencia a declarar".

La orden ministerial anteriormente citada fijó como cuantía máxima de indemnización al testigo 15 pesetas por día, aparte de los gastos de viaje.

El Defensor del Pueblo estima que la cantidad es "irrisoria y carente de relación alguna con la presente realidad conómica" y queda reducida a un mero "símbolo".

Para la institución, el tema cobra trascendencia desde el momento en que el deber constitucional de colaborar con la Justicia que tiene el testigo es obligatorio y su incumplimiento conlleva la correspondiente sanción penal.

Este deber exige, a juicio del Defensor del Pueblo, que las administraciones competentes mantengan una actitud que facilite al testigo "su ejercicio, mediante una compensación adecuada y ajustada a la realidad económica vigente"

Tras recordar que los ciudadanos se ven obligados a desplazarse durante uno o más días de su lugar de residencia por este motivo, estima conveniente que además de la actualización de las cuantías de las indemnizaciones, se arbitraran los mecanismos necesarios "para facilitar al ciudadano su obtención, incluso con carácter anticipado".

La institución considera además que de esta forma se evitarían "innecesarias molestias burocráticas", por lo que insta al Gobierno a que acometa la modificación de reglamento, mediante una recomendación trasladada al Ministerio de Justicia.