Con estos testimonios, los 16 maistrados de la Sala Especial del Tribunal Supremo concluyeron hoy las sesiones de prueba testifical acordadas para decidir si procede la ilegalización de Batasuna.

La defensa de Batasuna renunció a 4 de los diez testigos que había propuesto por considerarlo innecesario, dado la evolución del proceso.

Así, comparecieron la concejal del Ayuntamiento de Bilbao por EH Arantxa Urkaregui; el ex secretario general del Partido Comunista de Euskadi Juan José Sáenz; el secretario general del partido AcciónNacionalista Vasca (ANV), Antón Gómez Lorente; el responsable de comunicación del sindicato ELA, Germán Kortabarría; el eurodiputado por EH Koldo Gorostiaga, y la profesora Larraitz Mendizábal.

Arantxa Urkaregui declaró que existe un conflicto en el País Vasco porque a su pueblo no se le reconoce su derecho de decidir su futuro y de relacionarse con otros Estados. No obstante, agregó que, a su juicio, la "lucha armada" no es necesaria.

Preguntada por la negativa de Batasuna a condenar los atentads de ETA, Urkaregui añadió que la coalición "abertzale" desea un escenario de paz, pero que las condenas no sirven para nada.

Asimismo, señaló que es profesora de la Universidad del País Vasco y que siempre muestra su solidaridad, tanto de forma personal como a través del centro docente, a las personas afectadas por la violencia de ETA.

SIN PRESIONES

Por su parte, el ex secretario general del Partido Comunista de Euskadi Juan José Sáenz explicó las razones por las que su partido decidió formar arte de Batasuna, al tiempo que insistió en que nunca ha recibido ningún tipo de presiones presiones por parte de la coalición "abertzale".

No obstante, se manifestó de forma abierta en contra a la violencia de ETA. "Yo, particularmente, soy contrario a toda clase de terrorismo", indicó.

El secretario general de Acción Nacionalista Vasca (ANV), Antón Gómez Lorente, explicó a los magistrados del Tribunal Supremo que su partido, nacido en 1930, formó parte de Herri Batasuna (HB), porque consideraba que era necesario que la izquierda "abertzale" se uniera en un mismo equipo.

Tras negar que su partido recibiera instrucciones de ETA para formar parte de HB, Gómez Lorente señaló que su integración en la coalición "abertzale" no les hizo desaparecer como ANV, sino que continuaron conservando sus jerarquías, directrices, sedes y órganos.

También explicó que, cuando se gestó el nacimiento de Batasuna, ANV decidió no integrarse en ella debido a discrepancias de fondo. "Actualmente, seguimos siendoun partido independiente", dijo Gómez Lorente, quien añadió que su partido está "totalmente distanciado de lo que puede ser una organización clandestina como ETA".

Por su parte, el responsable de comunicación del sindicato ELA, Germán Kortabarría, se mostró también contrario al terrorismo de ETA, al que calificó de "error gravísimo" y de "barbaridad humana y política".

A su juicio, el conflicto político que existe en el País Vasco sólo puede tener una solución de la misma naturaleza y señaló que l terrorismo de ETA no permite avanzar hacia el reconocimiento del derecho de autodeterminación del País Vasco.

KOLDO GOROSTIAGA

Los magistrados escucharon también el testimonio de Koldo Gorostiaga, eurodiputado de Batasuna. Su testimonio había sido solicitado en relación a la detención del tesorero de la coalición, Jon Gorratxategui, con 200.300 euros que, según este político, eran suyos.

Gorostiaga explicó que el Parlamento Europeo ha realizado una auditoría sobre el uso de ese dinero, que foma parte de las dietas que la Eurocámara otorga a sus miembros. Asimismo, añadió que todos los gastos están justificados y negó que estuviera destinado a la financiación de ETA, como afirmaron en su día representantes del PP y del PSOE.

En cuanto a la negativa de Batasuna y sus predecesoras a repudiar los atentados de ETA, Gorostiaga aseguró que una condena del terrorismo "dificultaría, retardaría o impediría" una solución al conflicto político que vive el País Vasco.

La credibilidad del testimono de este testigo fue puesta en duda por la fiscalía, dada su pertencia al partido sobre cuya ilegalización ha de sentenciar el Tribunal Supremo.

Por último, compareció ante el Tribunal Supremo la profesora Larraitz Mendizábal, coordinadora de una huelga de hambre llevada a cabo en la Catedral del Buen Pastor entre 1995 y 1997, a favor de los presos de ETA y reos "comunes" vascos, y de su acercamiento a las prisiones del País Vasco.

Según la Guardia Civil, existe un boletín interno de ETA (que nose ha aportado a la causa a tiempo) que demuestra que Gestoras Pro Amnistía, cuyas actividades fueron declaradas ilícitas por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, llevó a cabo una campaña a favor de los presos de ETA por orden de la banda terrorista.

Sin embargo, esta mujer, que calificó de "presos políticos" a los miembros de ETA encarcelados, negó tal extremo, asegurando que la citada campaña respondió a una iniciativa de familiares de presos, detrás del cual no se encontraba la banda trrorista.

EL LOGOTIPO DE GESTORAS

Asimismo, aseguró que fue un huelguista quien diseñó el logotipo habitualmente utilizado por Gestoras Pro Amnistía, cuyas actividades fueron declaradas ilíticas por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón.

De esta forma, Iruín, abogado de Batasuna, quiso demostrar que ese logotipo, que fue elegido entre otros muchos que se diseñaron en aquella huelga de hambre, no es utilizado en exclusiva por Gestoras Pr Amnistía, sino como símbolo de una campaña popular derterminada.

Con estos testimonios, concluyó la fase de pruebas testificales dentro del proceso abierto para dilucidar la ilegalización de Batasuna. El plazo de presentación de datos documentales por parte de la defensa y de la acusación concluirá el próximo día 5.

A partir de ahí, cada una de las partes tendrá 20 días para presentar sus alegaciones ante la Sala Especial, quien contará con un plazo de 30 días para dictar el fallo.

EL INICIO Este caso comenzó el pasado 3 de septiembre, cuando la Fiscalía General del Estado y el Gobierno presentaron ante el Tribunal Supremo sus respectivas demandas de ilegalización de Batasuna, amparándose en la recientemente aprobada Ley de Partidos.

Ambas demandas fueron admitidas a trámite por la Sala Especial del Alto Tribunal, por considerar que se cumplían los requisitos previstos en la citada ley. Posteriormente, los magistrados decidieron unificar ambas causas, al estimar que tanto el Gobierno cmo la Fiscalía General del Estado solicitaban exactamente lo mismo.