El texto incorpora buena parte de las sugerencias de los distintos grupos parlamentarios y es fruto del "mayor consenso posible" entre las posturas de los partidos, que han presentado sus iniciativas desde el pasado 8 de febrero en que el Ejecutivo les hizo llegar su primera propuesta de intenciones.

La nueva redacción hace una definición amplia de lo que es considerado una víctima del terrorismo con el fin de englobar el mayor número de casos posibles, iempre con la limitación de compensar los daños físicos o psíquicos, nunca los materiales.

Concretemante, tendrán derecho a indemnizaciones del Estado las "víctimas de actos de terrorismo o de hechos perpetrados por personas integradas en bandas o grupos armados, o que actuaran con la finalidad de alterar gravemente la paz y seguridad ciudadana", desde 1968 hasta la entrada en vigor de la norma.

Bajo este epígrafe podrán incluirse a quienes sufrieron la violencia de ETA, el GAL, el Batallón Vasco Esañol, el Exercito Guerrilleiro do Pobo Galego, el FRAP, el GRAPO, el Partido Comunista de España Reconstituido o Terra Llure, entre otros.

El Ejecutivo ha hecho una estimación aproximada del volumen total que pueden alcanzar las indemnizaciones y que Cascos cifró en unos 42.000 millones de pesetas. De ellos 21.000 millones correponderían a las cerca de 1.000 víctimas mortales del terrorismo, y el resto sería para el resto de los afectados.

Esta cifra es sólo aproximativa puesto que las indemnizacones para el resto de los casos aún no están fijadas y supondrá una negociacion "larga y laboriosa" según el vicepresidente.

Los pagos se harán con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, mediante un crédito extraordinario en 1999 y con una dotación directa a partir del año 2000.

Los beneficiarios de estas indemnizaciones serán las propias víctimas o, en caso de fallecimiento, las personas que haya establecido una sentencia firme o sus herederos. Si no se ha dado sentencia, recaerán sobre l cónyuge o los herederos en línea directa, descendente o ascendente, hasta el segundo grado de parentesco.

El Estado asumirá las compensaciones económicas en los casos en que los actos violentos hayan provocado el fallecimiento de la víctima, gran invalidez, incapacidad permanente absoluta, total o parcial, o lesiones permanentes no invalidantes.

La cuantía de las indemnizaciones será la fijada por una sentencia en concepto de responsabilidad civil. En el caso de que el acto no haya sido objeto e resolución judicial, el Gobierno establece un baremo para determinar la cantidad.

El pago de las indemnizaciones fijadas en sentencia se hará actualizado con arreglo a la evolución de la inflación. En caso de que las cuantías fijadas por los jueces sean menores de las acordadas en la ley se aplicará el baremo establecido en ella y si fueran superiores a esa cifra, el Estado pagará también el importe del baremo, conservando las víctimas el derecho de continuar acciones en los tribunales contra los codenados y cobrar el resto.

Cascos explicó que este texto es el "máximo común denominador" de las propuestas hechas por los partidos y reconoció que el resultado no puede satisfacer al cien por cien a todos puesto que algunas iniciativas "eran contradictorias".

No obstante, el Gobierno aspira a presentar en le Congreso este documentos como proposición de ley con el apoyo de todas las fuerzas políticas. En caso de que ello no sea posible, el Ejecutivo tramitará el texto en forma de proyecto de ley omo iniciativa suya.

En la redacción presentada hoy no se incluye la petición de que las compensaciones sólo afecten a las vícitimas a partir de 1977 hecha por el PNV, o la de que sólo se indemnice a aquellos que sufrieron la violencia sólo en territorio español, como quería el PSOE.