Un portavoz sindical señaló que si en un año se registran como referencia doscientas solicitudes, desde que se secuestró a Ortega esta cifra se ha cubierto ya.

Este crecimiento del 400%en el volumen de solicitudes se explica porque "el funcionario de prisiones se siente desprotegido, ya que nadie le ampara. Le están asesinando, secuestrando y amenazando por ser funcionario de Instituciones Penitenciarias y no por ser un ciudadano normal y corriente, como ha dicho Belloch", declaró el portavoz.

A pesar de todo, las fuentes consultadas indicaron que el posicionamiento de Instituciones Penitenciarias ha sido tradicionalmente el de emitir en la mayoría de los casos informes desfavorable a la concesión de dichas solicitudes de armas. Sólo se admiten en aquellos casos en que el funcionario interesado puede probar que ha sido objeto de amenazas y que, por tanto, su vida y la de sus familiares corre peligro.

A juicio de los sindicatos de prisiones consultados por esta agencia, la Secretaría de Estado de Asuntos Penitenciarios se está inhibiendo del secuestro de Ortega Lara, "tratándolo con la apatía de quien cree que el tema no va con él".

"Lo único que se limitan a enviar de vez e cuando son unas 'cartitas' donde se nos recomienda que extrememos las medidas de seguridad. Eso es como decir: 'oye, ocúpate tú ya de tu seguridad, que nosotros lo único que decimos es que lo tengas en cuenta'", dijo el portavoz.

Los sindicatos, que representan a un colectivo formado por 17.000 funcionarios y personal laboral de prisiones, coinciden en señalar que las medidas que se acordaron entre Interior y los sindicatos en 1990, cuando se iniciaron las amenazas de ETA a los funcionarios de prisioes, sólo se han cumplido en 3 de los 76 centros penitenciarios del país.

Como ejemplo citaron los casos de las prisiones de Sevilla y Navarra hace unos meses, cuando familiares de presos de ETA llegaron a grabar en vídeo a los funcionarios cuando salían del recinto a bordo de su vehículo.

Entre las medidas de protección consensuadas con los funcionarios en su día destacan la habilitación de puertas de acceso distintas, aparcamientos diferenciados y cambios periódicos en los turnos de trabajo. No bstante, las fuentes lamentaron que la mayor parte de estas medidas sólo afectan a los centros de nueva construcción.