A esto se une el proceso de embargo de estos mismos terrenos, confirmado a Servimedia por Margarita Nájera, alcaldesa de Calviá, por el impago del IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) por valr de 5 millones de pesetas.

Sotos, como responsable de estos terrenos, no abonó los recibos del IBI correspondientes a los tres últimos años, coincidiendo con la quiebra de la empresa IGS.

Por su parte, el BCH, máximo acreedor de IGS, pretende sacar a subasta pública esta superficie tras ordenar la ejecución de las hipotecas que, por valor de 413 millones de pesetas, adeudaban Sotos y sus socios a la entidad financiera.

IGS, UGT Mallorca y el Ayuntamiento de Calviá estaban detrás de la promoión de un proyecto urbanístico "La Marina de Magalluf", donde se construirán hoteles de alto 'standing', apartamentos de lujo, campos de golf y al menos un puerto deportivo.

Aunque en principio la finalidad de la promotora IGS era la de construir viviendas sociales, este proyecto siempre se consideró como una inversión. Para ello se invirtieron más de 4.600 millones de pesetas procedente de los cooperativistas que hoy permanecen "enterrados", expresión utilizada por Lorenzo Bravo, secretario general d la UGT Baleares.

IGS llegó a contratar con el BCH un total de 1.600 millones de pesetas, la mayor parte de los cuales se abonaron entre septiembre de 1992 y octubre de 1993. El resto son los 413 millones de pesetas adeudados.

La alcaldesa de Calviá, Margarita Nájera, declaró a Servimedia que "en este momento se está sacando el tema de quicio porque el Ayuntamiento no está interviniendo ni preparando ninguna iniciativa en este proyecto".

De esta forma contestó a la presunta relación entre elconsistorio y el escándalo de "La Marina" precisando que "nosotros nos apartamos del proyecto antes de que IGS quebrara".