Así se desprende de la décima "Encuesta sobre de Fraude Mundial" elaborada por Ernst&Young, "Corrupción o Cumplimiento: Evaluando los costes", y realizada en 33 países, incluido España, a cerca de 1.200 directivos.

Según el estudio, el 24% de los encuestados españoles asegura haber sufrido en su empresa un caso de soborno o corrupción mientras que la media de Europa Occidental es del 10%.

Además, el 20% de los directivos españoles reconoce que le han ofrecido un soborno para conseguir un contrato frente al 13% obtenido de media en los países de Europa Occidental.

PRESIÓN REGULATORIA

Y es que en España, según se desprende del estudio, existe la sensación de que la presión regulatoria no ha aumentado en los últimos cinco años; así lo declara el 50% de los encuestados españoles, frente al 40% que mantienen que sí se han notado un endurecimiento normativo. En Europa, el 26% opina que la regulación no ha cambiado excesivamente frente a un 68% que manifiesta lo contrario.

Respecto a las principales consecuencias de prácticas corruptas para las empresas, el estudio destaca, en primer lugar, las derivadas de la incapacidad para seguir creciendo o expandiendo su negocio; en segundo lugar, las multas y penas impuestas; en tercer lugar, la posibilidad de que sus empleados vayan a la cárcel; en cuarto, los posibles litigios por parte de competidores y accionistas y, por último, quedar fuera del mercado.

El estudio también muestra que las empresas están cada vez más alerta de cara a los riesgos que supone caer en prácticas corruptas. Además de aumentar su formación en la materia, el 53% de los encuestados en España manifiesta haber realizado una "due diligence" anticorrupción en un proceso de fusión o adquisición de una empresa, frente a la media europea que se queda en el 47%.

"Es habitual que muchas medidas anticorrupción surjan en el contexto de una fusión o adquisición. Las empresas necesitan considerar medidas más robustas de 'due diligence', particularmente cuando las empresas objetivo están presentes en países con alto riesgo", explica Ricardo Noreña, socio responsable de Fraud Investigation & Dispute Services (FIDS), la práctica de Forensic de Ernst & Young.

El estudio muestra además que aunque las empresas reconocen los riesgos asociados a prácticas corruptas y están esforzándose cada vez más en combatirlas, el conocimiento de la legislación sobre anticorrupción sigue siendo insuficiente.