Así se lo transmitieron a la consejera de familia, Juventud y Política Social, Concepción Dancausa, con quien mantuvieron un encuentro a propósito de la nueva normativa, que rechaza todo el sector.

Por ello, exigieron a la consejera "consensuar un nuevo marco normativo", y le remitieron un documento con cambios urgentes.

Según las entidades, de esta norma dependen casi todas las ayudas para proyectos sociales de cara a 2023, y genera “tal inseguridad e incertidumbre” que “pone en riesgo la atención” que prestan a unas 200.000 personas vulnerables en la comunidad.

Son niños y personas mayores, con discapacidad, migrantes, sin hogar, Lgtbi y víctimas de violencia de género, apuntaron, beneficiarias de programas cuya continuidad queda en entredicho.

A su juicio, esta orden “no tiene en cuenta ni las necesidades del Tercer Sector, ni de las personas que atiende”.

Entre otros puntos, criticaron que hasta un 80% de la calificación de los programas puede depender de criterios subjetivos, que “ganan demasiado peso”, y que se da prioridad a los municipios de menos de 5.000 habitantes.

La Consejería la sacó adelante “sin ningún proceso de escucha activa”, denunciaron, y no descartan recurrirla ante el tribunal Superior de Justicia de Madrid.