Así lo anunció este lunes la plataforma en un comunicado en el que valoró “positivamente” la propuesta presentada por el Gobierno, que ha incorporado “muchas” aportaciones de las entidades sociales, si bien considera que “aún hay necesidades no cubiertas que deben ser abordadas”.

A este respecto, el presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato, explicó que resulta “necesario” que el Reglamento “garantice las denuncias seguras y evite que se inicien expedientes de expulsión en contra de las personas en situación administrativa irregular, con especial atención a las víctimas de discriminación racial o étnica y de delitos de odio”.

Para la plataforma es “fundamental poder asegurar” que las personas extranjeras en situación irregular, que son presuntas víctimas de un delito, puedan formular denuncia, “sin que esto derive en la incoación de un procedimiento sancionador que pueda conllevar la expulsión del territorio”.

ACCESIBILIDAD Y APOYOS

Entre sus aportaciones, la plataforma exige que la norma “garantice” que toda la información sobre procedimientos, documentación y autorizaciones sea “accesible” para personas con discapacidad y que se realicen las “adaptaciones necesarias”.

Además, resaltó la necesidad de incluir apoyos para las personas con discapacidad que sean parte de un proceso sancionador y recordó que la accesibilidad es una condición previa para que las personas con discapacidad puedan vivir de forma independiente y participar plenamente en la sociedad en igualdad de condiciones.

Junto a ello, hizo hincapié en la necesidad de abordar los visados de carácter humanitario para que favorezcan la regulación de vías legales y seguras. En este sentido las propuestas presentadas por la plataforma se centran en las autorizaciones de residencia por motivos excepcionales y el nuevo régimen de familiares de personas de nacionalidad españolas.

También propone mejoras “sustanciales” en cuestiones relacionadas con las personas en situación de protección internacional, como la autorización de trabajo o la residencia de los menores nacidos en España.

La plataforma dijo “confiar” en que todas las propuestas sean incorporadas al Reglamento de Extranjería para “continuar avanzando en la inclusión de la población migrante y refugiada en España”.