De esa cantidad, 64.540 millones corresponden a pérdidas en la agricultura, infraestructuras municipales, y viviendas y enseres; 35.300 millones en infraestructuras propiedad del Estado; y 11.000 millones a carreteras de competencia autonómica.

El delegado del Gobierno en Andalucía, José Torres Hurtado, instó a la Junta de Andalucía a asumir una parte proporcional de las reparaciones para las que el Gobierno central habilitará ayudas en un decreto que promulgará en febrero.

Afirmó que el Estado debe asumir el arreglo de los desperfectos en infraestructuras de su competencia y dejó claro que el Ejecutivo central no asumirá en ningún caso más del 50 por ciento del coste total, además de criticar la "insolidaridad" de la Junta de Andalucía, a la que acusó de "escurrir el bulto".

Sin embargo, el presidente andaluz, Manuel Chaves, declaró hoy que el Estado tiene que asumir "el maor volumen del coste", al igual que hizo en 1989 en otras comunidades autónomas que sufrieron desastres naturales parecidos.

Según las estimaciones consensuadas entre las administraciones central y regional, los daños en la agricultura ascienden a 45.000 millones de pesetas, de los que 28.400 millones corresponden a pérdidas de cosechas y 17.400 millones a destrozos sufridos por infraestructuras agrarias.

Por lo que se refiere a los 35.000 millones en daños causados en infraestructuras del Estado 21.000 millones recaen en las confederaciones hidrográficas, 10.000 millones en carreteras, 3.000 millones en Renfe y 1.300 millones en costas.