Según el texto, las decisiones de este Consejo serían vinculantes para las cadenas sobre las que tuviera competencia, para garantizar los derechos constitucionales de no discriminación por razones de nacimiento, raza, sexo o religión, así como por la emisión de programas que pudieran resultar lesivos para la infancia y la juventud, fuera del horario legalmente establecido.

El Consejo Superior de los Medios Audiovisuales asesoraría a las Cortes sobre el sistema audiovisual,presentaría al Parlamento un informe anual sobre su situación, y podría solicitar a los anunciantes y a las empresas el cese o la rectificación de la publicidad ilícita.

A este respecto, la iniciativa de CiU añade que el Consejo podría adoptar decisiones vinculantes "respecto a la ubicación de programas que pudieran resultar lesivos para la juventud o la infancia fuera de los horarios de protección legalmente establecidos".

El Consejo tendría además la facultad de denunciar ante la administracióncompetente las infracciones relativas a la regulación sobre producción, programación, publicidad y patrocinio audiovisuales, aportando pruebas y proponiendo sanciones.

También recogería las demandas y quejas de los telespectadores y se encargaría de acordar convenios de colaboración con los organismos independientes de control creados por las comunidades autónomas.

Este organismo estaría adscrito al Ministerio de la Presidencia, tendría personalidad jurídica diferenciada, patrimonio y tesorería popios, independencia funcional y autonomía de gestión.

El presidente del Consejo sería nombrado por el Gobierno mediante Real Decreto "entre personas de reconocida competencia profesional", después de la comparecencia del ministro ante la Comisión correspondiente del Congreso y del Senado para informar sobre el nombramiento.

El Ejecutivo nombraría también a los cuatro consejeros, dos de ellos seleccionados por el Congreso y otros dos por el Senado, mediante voto de las tres quintas partes de los iembros de cada Cámara. Cada organismo independiente de control creado por las comunidades autónomas tendría un representante en el Consejo.

El texto reitera que el criterio de selección de los componentes del Consejo sería la "competencia técnica y profesional", a fin de reforzar la "nota de independencia y garantiza la neutralidad y objetividad del organismo en el ejercicio de sus funciones".

Tanto el presidente como los consejeros estarían en su cargo por un período de seis años, después del cal podrían ser reelegidos una sóla vez.

La propuesta de CiU coincide con el rechazo por parte del pleno del Congreso, en su sesión de esta tarde, de una proposición de Ley presentada por Izquierda Unida en la que se establecían límites en la propiedad de los medios de comunicación y la creación de un "Consejo de la Comunicación", que garantizaría la prohibición de monopolios y la pluralidad en la propiedad de los medios de comunicación.

En la exposición de motivos de su proposición de Ley, CiU afrma que los medios audiovisuales son una "industria cultural que debe tener otros objetivos e imperativos que los estrictamente comerciales".

"El progreso cultural, la protección de la infancia y de los derechos individuales, la cohesión social y la participación ciudadana son valores vulnerables, que no deben quedar marginados por los intereses económicos", asegura.