En un comunicado, la cadena autonómica explicó que solicita la suspensión de la sanción "para evitar el daño irreparable que supondría a los madrileños no poder ver su segundo canal de televisión en analógico, un derecho a recibir información que tienen todos los ciudadanos y que el Ministerio de Industria pretende impedir".

Telemadrid alega que LaOtra es un canal de televisión que tiene amparo legal en la Ley del Tercer Canal de 1983 y en la Disposición Adicional Primera de la Ley 22/1999, y que, además, cuenta con disponibilidad técnica para emitir.

"La pretensión del ministerio del señor Clos supone una arbitraria y grave discriminación hacia los madrileños con respecto a los ciudadanos de otras comunidades autónomas que disponen, desde hace tiempo, de dos canales de televisión, como País Vasco, Andalucía y Valencia, e incluso de tres, como Cataluña".

Añade el comunicado que esta sanción gubernativa a Telemadrid "no tiene precedentes en los últimos 35 años, supone un atentado contra el derecho constitucional, especialmente protegido, de la libertad de información, y su desproporcionada cuantía supondría un grave perjuicio económico para Telemadrid".

Además, agrega que dicha sanción tiene su origen en un expediente que se fundamenta en una prueba practicada sin que Telemadrid pudiera estar presente, "lo que supone una clara indefensión para la cadena regional que no pudo presentar sus alegaciones".

Por último, Telemadrid dice que la resolución de Industria "incurre en una clara desviación de poder porque valiéndose de su capacidad sancionadora la utiliza indebidamente contra una emisora que dispone de plena legitimidad para emitir".