Velázquez aseguró que los niveles de calidad de la compañía son ahora los mejores de los últimos años, y anunció que las inversiones superarán los 2,5 billones de pesetas en los próximos cinco ejercicios, para lo cual reclamó la posibilidad de fijar unas tarifas "suficientes".

El ministro de Obras Públicas y Transportes, José Borrell, respondi a Velázquez mostrando su acuerdo en que las tarifas deberán reflejar los costes reales del servicio, a fin de obtener unos niveles de beneficios que haga atractiva a la empresa para los ahorradores privados.

Borrell destacó, entre las novedades del acuerdo entre el Estado y Telefónica, que ésta quedará obligada a satisfacer unos niveles de calidad y de extensión del servicio telefónico pactados con la Administración y que el incumplimiento de esos compromisos llevará aparejado las sanciones previstasen la Ley de Contratos del Estado.

Telefónica ha dejado de ser el concesionario exclusivo del Estado en la prestación de servicios de telecomunicaciones, para regular sus relaciones con la Administración mediante un contrato administrativo similar al de otras empresas que cubren servicios públicos.

No obstante, conservará la gestión en monopolio del servicio de teléfono convencional y móvil, el telefax, el videotex y el teletex, si bien perderá el monopolio de la comercialización de los aparatos misores y receptores.

Velázquez aseguró que no tiene ningún miedo en cuanto a los objetivos de calidad y extensión del servicio fijados la Administración y aseguró que está dispuesto a invertir "lo que sea" para alcanzarlos. A este respecto, el contrato prevé la universalización del teléfono público en todas las poblaciones de 10 ó más habitantes.

A su vez, Telefónica ha obtenido el reconocimiento de que podrá fijar tarifas suficientes para garantizar el equilibrio financiero de la empresa. No obtante, los precios de la compañía seguirán requiriendo la aprobación del Consejo de Ministros, tras su pase por la Junta Superior de Precios.

Borrell hizo hincapié en que Telefónica deberá defenderse por si sola en el mercado de las telecomunicaciones liberalizado del 93, al asegurar que, al igual que ha sucedido hasta ahora en que funcionaba al amparo de un monopolio absoluto, en el futuro "no recibirá aportaciones del Estado".