En declaraciones a Servimedia, Llamazares manifestó su convencimiento de que la presencia del Ejecutivo holandés en KPN "no es la verdadera razón" de la desautorización del Gobierno español, puesto que "ya existe una empresa privatizada con un nivel de participación pública por parte de un Estado de los Países Bajos -en alusión a Luemburgo-, como es el caso de Aceralia, que es el doble de la participación que se consideraba negativa por parte del Reino de Holanda en KPN".

El dirigente de IU explicó que Aceralia tiene en estos momentos mayoría pública, "y no puedo creer que Rodrigo Rato tenga un doble rasero. Tengo que pensar que si fuera coherente tendría que estar pidiendo al Gobierno de Luxemburgo, como le pidió al holandés, que se salga cuanto antes de la compañía Aceralia".

Al respecto, enjuició que "los argumentos del odelo de privatizaciones del PP son incompatibles con la participación pública y creo que lo que ha pasado así lo demuestra".

"Lo que se está produciendo", añadió, "es un pulso entre las familias del PP en el seno de Telefónica (...) y entre Aznar y Villalonga, lo que está teniendo efectos muy negativos". Consideró que a raíz de esta cuestión se está produciendo "una pérdida muy evidente de credibilidad en la compañía".

"En eso", apuntó, "el Gobierno tiene una grave responsabilidad, porque se prouce como consecuencia del traslado de ese conflicto en la derecha (en el seno del PP) a un conflicto en el seno del Consejo de Dirección de la compañía".

Por otro lado, Llamazares dijo que "más allá de esto, lo que se está produciendo es una pérdida de credibilidad para los inversores de la economía y de las grandes empresas en España. ¿Con qué cara va a venir alguien a participar en empresas españolas cuando por razones arbitrarias se puede vetar y paralizar una iniciativa de fusión?", preguntó.

Sobre este particular, recordó que el Grupo Parlamentario de IU en el Congreso ha solicitado la comparecencia urgente de Rodrigo Rato para que explique las razones del veto a la operación, así como las consecuencias que tendrá esa decisión para la economía española.