Telefónica ha ganado al Estado colombiano la disputa que mantienen en los tribunales internacionales de arbitraje desde 2017, a cuenta del pago de 357 millones de euros que tuvo que hacer la compañía española como consecuencia del proceso de reversión de activos de su negocio en aquel país tras una serie de medidas adoptadas por el Ejecutivo de Bogotá sobre el mercado de telecomunicaciones.