Precisamente, el Consejo de Ministros de Interior de la UE abordó hoy la propuesta del Reino Unido de aumentar el control de las comunicaciones en Europa para combatir y prevenir mejor el terrorismo.

La legislación española otorga a los jueces y la policía todas las facilidades para acceder a datos en poder de las operadoras de telecomunicaciones, si bien quedan por desarrollar reglamentariamente algunos aspectos, como el tiempo mínimo que las compañías deben conservar algunos datos.

El mencionado artículo 12 dice que las empresas deben guardar por un periodo máximo de doce meses la información que permita identificar el terminal de origen de una comunicación electrónica (un SMS o un correo electrónico, por ejemplo), el terminal de destino y el momento en que se produce.

Según Telefónica, "el periodo de almacenaje es amplísimo" y el plazo máximo de un año lo "cumplimos muy ampliamente". Las mencionadas fuentes reiteraron que la operadora colabora "habitualmente" con las autoridades judiciales.