Esta obligación se aplicará en principio a Telefónica, por su condición de operador dominante en el mercado español, pero será igualmente exigida al resto de empresas que pretendan ofrecer el servicio universal en ámbitos territoriales concretos, como pueda ser Retevisión o los operadores de cable en su demarcación.

Con esta exigencia, incluida en el anteproyecto de Ley General de Telecomunicaciones, el responsable de Fomento, Rafael Arias Salgado, pretnde que la liberalización del sector y la libre competencia no sorprenda desprotegido al colectivo de personas discapacitadas o con necesidades especiales.

Dicho texto incluye en la definición del servicio universal de telecomunicaciones "que los usuarios discapacitados o con necesidades especiales tengan acceso al servicio telefónico en las condiciones necesarias que faciliten su utilización".

Fuentes del sector, consultadas por Servimedia, señalaron que en muchos casos específicos las discapaciades de los usuarios requieren inversiones adicionales en el equipo y su instalación y, por tanto, provoca un estrechamiento de los márgenes comerciales de las operadoras.

Para incentivar las inversiones en equipos adaptados y tarifas especiales a colectivos específicos y discapacitados, la ley que prepara el Gobierno establece un mecanismo de descuentos en la financiación del servicio universal a la que deberán hacer frente todas las operadores de redes y servicios al público.

El coste del serviio universal se cubrirá con un fondo, gestionado por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y nutrido económicamente por estas compañías en función de su cuota de mercado.

Según el anteproyecto, "si un operador de telecomunicaciones ofreciere tarifas especiales a usuarios discapacitados" con arreglo a las exigencias de servicio universal que contempla esta ley, "podrá solicitar la deducción del coste neto de esta prestación de su contribución a los mecanismos de financiación del servicio unversal".

El Gobierno ha remitido ya el texto de la futura ley a las asociaciones empresariales AUTEL y ANIEL, así como al Consejo Asesor de Telecomunicaciones, y tiene intención de hacerlo más adelante a la Comisión de las Telecomunicaciones, antes de enviarla al Congreso de los Diputados hacia la segunda quincena de marzo.