Según el comunicado, el ministerio ha redactado el texto legal sin consultar previamente a los operadores privados y "sin tener en cuenta la doble financiación de las televisiones públicas en España y la realidad del mercado", o que supone "un atentado gratuito y definitivo contra la libertad y la viabilidad de las televisiones privadas".

Las cadenas privadas consideran que el Gobierno aplicará el proyecto europeo "invocando la rigidez de las obligaciones comunitarias", lo que califican de "injustificable" cuando la directiva "Televisión sin Fronteras" otorga a los estados miembros bastante flexibilidad para su aplicación.

Esta flexibilidad es, a su juicio, "tanta, que hubiera permitido a la Administración mantener la ituación actual con algunas matizaciones, al igual que han hecho gobiernos de otros países comunitarios".

Para las privadas, la incorporación "rígida y estricta" de la Directiva se va a producir "en unos momentos en que sus contenidos están siendo seriamente discutidos, tanto en el seno como fuera de la CE".

Entre estas críticas citan el "excesivo porteccionismo" que inspiran algunas de sus regulaciones y numerosos países comunitarios han invocado para su aplicación el principio de subsidiariedadcontenido en el Tratado de Maastrich "para defender que las normas sobre la cultura de lo audiovisual corresponde establecerlas a los estados miembros y no a la CE".

Además, resaltan que en los estados en los que se ha incorporado ya el proyecto tenían anteriormente o han elaborado medidas que limitan drásticamente la publicidad en las televisiones públicas, lo que no ocurre en España.

"La televisiones privadas", concluye el comunicado, "a pesar de su reciente implantación, han creado una industra televisiva nacional y un considerable número de puestos de trabajo", por lo que "deberían ser tratadas con particular cuidado para asegurar a medio plazo la rentabilidad mínima que precisen para mantener su equilibrio financiero".