El TEDH indica en su resolución que "con esas reformas sucesivas el poder judicial se ha visto expuesto a la injerencia de los poderes Ejecutivo y Legislativo y su independencia se ha encontrado considerablemente debilitada".

El asunto que estaba sobre la mesa tiene su origen en una denuncia presentada el 4 de septiembre de 2018 por el juez Jan Grzeda, que fue revocado del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) antes del fin de su mandato, y que según la justicia europea "es una ilustración de esta tendencia general".

El TEDH entiende que el reconocimiento de la violación de los derechos del juez Grzeda es suficiente compensación, pero aún así impone al Estado polaco el pago de las costas judiciales, que suman 30.000 euros.

Esta es la sexta vez que el Tribunal dicta en contra del Estado polaco que desde el ascenso al gobierno del partido Ley y Justicia en 2015 comenzó un proceso de reformas legislativas dirigidas a controlar al poder judicial. Grzeda fue revocado como miembro del órgano de gobierno de los jueces antes de terminar su mandato y sin posibilidad de recurso, algo que reprocha el TEDH.

La justicia europea entiende que este proceso de destitución es consecuencia directa de las reformas legislativas y constata “un debilitamiento de la independencia de la justicia y del respeto de las normas de preeminencia del derecho como consecuencias de las reformas del Gobierno".