Cerca de esta cifra se situaría la Comunidad Valenciana, que se beneficiaría de una quita de 14.093 millones. Los importes descienden con fuerza a partir de estos dos territorios. De hecho, la tercera región más beneficiada sería Andalucía, con 5.696 millones, es decir, 2,5 veces menos. En el caso de la Comunidad de Madrid, el perdón de deuda se quedaría en 3.473 millones, cuatro veces menos que Cataluña.

Por detrás se situarían Canarias (2.633 millones), Castilla y León (2.606), Castilla-La Mancha (2.404), Baleares (2.110), Murcia (1.749), Galicia (1.721), Aragón (1.417), Asturias (652), Extremadura (545), Cantabria (507 millones) y La Rioja (358 millones).

Getsha ha intentado ajustar sus cálculos a lo establecido en el acuerdo entre PSOE y ERC, en el que se habla de tramitar una modificación legal de alcance general para todas las comunidades autónomas de régimen común que permita la asunción por parte del Estado de parte de la deuda autonómica, “originada por el impacto negativo del ciclo económico, para lo cual se determinará qué parte del incremento de deuda obedece al impacto del ciclo, pudiendo también acudirse a transferencias para la cancelación de la deuda en el caso de endeudamiento con terceros distintos del Estado”.

En concreto, los técnicos indicaron que la estimación se hace sobre el aumento de la deuda que las comunidades autónomas realizaron para financiar los servicios públicos durante los ciclos negativos de la actividad económica desde 2009. Así, en términos relativos, Canarias sería la comunidad más beneficiada, con una condonación del 41% de la deuda viva en estos momentos, seguido por la Comunidad Valenciana (26%) y Baleares (24%). En el extremo opuesto estarían la Comunidad de Madrid (10%) y Galicia (14%).

PAÍS VASCO Y NAVARRA

Por último, Gestha advirtió de que, aunque el acuerdo se refiera a todas las comunidades autónomas de régimen común, “no parece que se pueda excluir de medidas equivalentes al País Vasco y Navarra”.

Así, en caso de beneficiarse de una cancelación de deuda, la quita para el País Vasco ascendería a 2.332 millones, el 22% de la deuda viva, y para Navarra sería de 819 millones, el 26%.

Bajo este escenario, el coste de la medida ascendería a los 57.771 millones de euros, frente a los 54.660 millones calculados solo para las comunidades autónomas de régimen común.

“SOLUCIÓN PARCIAL E INCOMPLETA”

Ante estas cifras, los técnicos de Hacienda valoran “el esfuerzo del Gobierno como una medida de urgencia en este momento de tramitación de los presupuestos autonómicos”, pero consideran que la condonación de una parte de la deuda es “una solución parcial e incompleta”.

Por ello, pidieron al Ministerio de Hacienda iniciar ya el proceso para negociar el cambio de modelo de financiación autonómica, “partiendo de las conclusiones de los informes de las comisiones de expertos nombrados por las distintas Comunidades y el Ministerio de Hacienda al respecto”.

En este sentido, el sindicato recuerda que el actual modelo ha caducado y “está provocando importantes déficits de financiación, por lo que instan a todas las formaciones parlamentarias que se esfuercen para que no se bloquee esta reforma prioritaria”.

“Queremos felicitar a la ministra María Jesús Montero por su nombramiento, también, como vicepresidenta del Gobierno, deseándole el mayor de los éxitos. Entre sus principales retos, sin duda, está conseguir llevar a efecto la reforma del sistema de financiación autonómica, que no será sencilla, pues requiere un gran pacto con todas las comunidades que, a la vista del clima político, consideramos complicado, pero no imposible, si todos priorizan la responsabilidad, el interés general y el bien común”, declaró el presidente de Gestha, Carlos Cruzado.

SIN IMPACTO SOBRE EL DÉFICIT

Por otro lado, los técnicos de Hacienda insistieron en que la posible condonación de la deuda por parte del Estado a las comunidades autónomas adheridas o no al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) es "un simple ajuste interno sin efectos hacia el exterior”, por lo que el nivel de endeudamiento público de España será el mismo “y los compromisos con la Unión Europea no se verían afectados”.

En esta línea, señalaron que, en clave interior, las comunidades autónomas reducirían una parte del coste de intereses y alcanzarían mejor el objetivo de déficit. El Estado, por su parte, “podría verse afectado en menor medida si necesita endeudarse para realizar las transferencias a determinadas comunidades para que cancelen una parte de las deudas con terceros, bien a las comunidades no acogidas al FLA o porque el importe de la cancelación asignada a algunas comunidades excede de la deuda con el FLA”.