Según informó hoy el Ejecutivo que preside Miguel Ángel Revilla, la Audiencia había denegado la personación del Gobierno regional argumentando que el término "ciudadanos" empleado por el artículo 125 de la Constitución en relación al ejercicio de la acción popular, debía interpretarse limitado a las personas privadas, y que persiguiendo el Gobierno de Cantabria la defensa del interés público, tal función ya era asumida por el Ministerio Fiscal.

El Tribunal Constitucional en la sentencia otorga el amparo solicitado por el Ejecutivo autonómico, declarando que se ha vulnerado en el caso su derecho a la tutela judicial efectiva.

La sentencia se apoya en otra dictada en octubre de 2006 (STC 311/2006) por la que otorgó el amparo a la Comunidad Valenciana en un supuesto muy similar.

En esta ya se argumentaba que desde la Sentencia del Pleno 175/2001 nada impedía la ampliación del término "ciudadanos" a las personas jurídico-públicas a la luz del reconocimiento a las mismas de la titularidad en ámbitos específicos del derecho a la tutela judicial efectiva.