Los once magistrados del Tribunal Constitucional, reunidos en Pleno y encabezados por su presidenta, María Emilia Casas, decidieron por unanimidad decretar la inconstitucionalidad y la "consiguiente nulidad" de la consulta de Ibarretxe y respaldar los recursos presentados por el Gobierno socialista y el PP contra el proyecto del lehendakari.

Con esta decisión, el Alto Tribunal imposibilita la realización del referéndum que Ibarretxe pretendía celebrar el próximo 25 octubre, una iniciativa plasmada en la Ley de Consulta del Gobierno Vasco y cuyo objetivo era "recabar la opinión ciudadana en la Comunidad Autónoma del País Vasco sobre la apertura de un proceso de negociación para alcanzar la paz y la normalización política".

En la sentencia hecha pública hoy, el Alto Tribunal utiliza dos argumentos básicos para prohibir la iniciativa del lehendakari. Por un lado, los magistrados señalan que, aunque su efecto no sea vinculante, lo que se plasma en la ley recurrida no es la realización de una consulta, sino de un referéndum en sentido estricto.

En segundo lugar, y teniendo en cuenta esta naturaleza, los magistrados consideran que la iniciativa de Ibarretxe vulnera el artículo 149.32 de la Constitución Española que establece la competencia exclusiva del Estado para la "autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum".

En este sentido, el Alto Tribunal indica que es "indudable" que la iniciativa de Ibarretxe plantea "una cuestión que afecta al orden constituido y también al fundamento mismo del orden constitucional".

Los magistrados consideran que la consulta "trata de sortear, eludir o simplemente prescindir" de los procedimientos constitucionalmente fijados para "reformar la Constitución al margen de ella o conseguir su ineficacia práctica".

La decisión llega a tiempo para satisfacer las pretensiones de todas las partes personadas -Gobierno, PP y Ejecutivo vasco- quienes pidieron al Tribunal Constitucional que diera una respuesta a los recursos planteados antes del 15 de septiembre.

DOS MESES DE PROCESO

Los magistrados admitieron a trámite los recursos del Gobierno y del PP el pasado 17 de julio y acordaron suspender cautelarmente durante cinco meses el proyecto del Gobierno vasco.

El pasado 20 de agosto, el Tribunal Consticional rechazó la petición de las formaciones que conforman el tripartito vasco -Eusko Alkartasuna, Ezker Batua y PNV- y del partido Aralar de personarse en la causa.

El Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, fundamentó su recurso en tres argumentos: que la consulta de Ibarretxe "vulnera la soberanía nacional del pueblo español", viola "la indisoluble unidad de la Nación española" y atenta contra el propio reglamento del Parlamento vasco.

Por su parte, el recurso presentado por el PP, según palabras de su portavoz en la Comisión de Justicia en Congreso, Federico Trillo, era "perfectamente complementario" al interpuesto por el Gobierno, y su objetivo era defender "la soberanía del pueblo español".