En el orden del día se encuentra el estudio del recurso de varios diputados del PP contra el fondo que creó la Generalitat de Cataluña para avalar a sus exaltos cargos ante el Tribunal de Cuentas, pero también analizará el último intento de Carles Puigdemont para apartar a varios miembros del TC que lo dejaría sin ‘quorum’ y, por tanto, impedido para tomar decisiones.

Previsiblemente, el TC rechazará esa posibilidad después de haberlo hecho ya con las recusaciones planteadas por el expresidente de la Generalitat y por los exconsellers huidos de la justicia contra dos de los magistrados recién incorporados al tribunal de garantías. Se trata de Enrique Arnaldo y Concepción Espejel a los que achacaban falta de imparcialidad. Puigdemont plantea ahora un recurso de súplica, que se resolverá en pleno esta semana.

El pleno del TC está compuesto por 12 magistrados. La Carta Magna fija que el ‘quorum’ mínimo para que se pueda pronunciar sobre cualquier asunto es de dos tercios, lo que significa que al menos ocho de sus miembros puedan pronunciarse. Pero en la causa del ‘procés’ dos de los magistrados ya se han apartado voluntariamente, por lo que apartar a otros magistrados puede poner en riesgo su funcionamiento.

La Fiscalía ante el TC sostiene que los magistrados nombrados responden al “pluralismo político” que reina en la Cortes Generales, en el Gobierno de turno y en el Consejo General del Poder Judicial, por lo que no deberían ser enjuiciados con las mismas reglas que el resto de los integrantes de órganos judiciales. En caso de recusaciones en bloque, el TC quedaría incapacitado para decidir. Por tanto, es esperable que el tribunal rechace de plano la petición de Puigdemont.

Además, en el orden del día de esta semana el TC tiene previsto estudiar el recurso de un grupo de diputados del PP en contra del fondo que creó la Generalitat de Cataluña para cubrir los avales de las fianzas que reclamaba el Tribunal de Cuentas a varios exaltos cargos del Gobierno catalán.

Ese fondo se creó gracias a un decreto que dotaba con 10 millones de euros al Fondo Complementario de Riesgos de la Generalitat a través del Instituto Catalán de Finanzas. Su objetivo era cubrir el pago de los 5,4 millones de euros que les reclamaba el tribunal por la acción exterior del Gobierno catalán en los años 2011 y 2017.

Además, esta semana el Constitucional revisará sendos recursos del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y de la exconsellera Clara Ponsatí en contra distintas resoluciones del Tribunal Supremo relacionadas con el ‘procés’. Igualmente, estudiará el recurso de Puigdemont contra las decisiones de la Sala de lo Penal del TS en relación a la vigencia de la orden de detención en su contra.

Pero además, el orden del día del Pleno del TC contempla el estudio del recurso del PP contra el decreto que prohíbe expulsar a okupas, la ley catalana de protección y ordenación del litoral, y la impugnación de Vox a la denominada ley "trans" canaria.

También tratará la cuestión de inconstitucionalidad presentada por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón sobre el real decreto que autorizó el segundo estado de alarma a partir de octubre de 2020 y el que después autorizó su prórroga.