El afectado acudió en primera instancia a un hospital público para someterse a una operación. Como allí no le garantizaban que no se le fuera a practicar una trasfusión durante la intervención -práctica rechazada por sus creencias religiosas- optó por acudir a un centro privado y solicitó luego que la Administración navarra corrier a cargo de los gastos.

La reclamación del recurrente había sido denegada por el Tribunal Supremo, que revocó una sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Foral de Navarra.

La Sala Segunda del Constitucional ha considerado que la sentencia del Supremo no vulnera ni el derecho a la libertad religiosa del recurrente ni su derecho a la igualdad.