El Tribunal entiende que estos recursos plantean un problema que afecta al principio de igualdad, al derecho fundamental a la integridad física y moral, al derecho a la protección de la salud y a la intimidad personal y familiar (artículos 14, 15, 18.1 y 43 de la Constitución), sobre el que no hay doctrina constitucional.

Asimismo, considera que el asunto suscitado en estos recursos de amparo trasciende del caso concreto porque plantea una cuestión jurídica de relevante y general repercusión social.

Para los recurrentes, la inoculación de un medicamento en fase experimental debe tener siempre carácter voluntario y, por lo tanto, las resoluciones judiciales que les obligan a vacunarse son contrarias a los derechos fundamentales reconocidos no sólo en la Constitución, sino también en los convenios y tratados internacionales.