"El modelode tasas judiciales racionaliza el servicio público, de tal manera que trata de eliminar los litigios artificiales", dijo a Servimedia.

En este sentido, añadió que "parece lógico" que un litigante que recurre a un tribunal contencioso-administrativo para aplazar el pago de una multa de tráfico asuma parte del coste de la justicia.

Asimismo, rechazó que esta nueva medida del Gobierno dificulte el acceso de los ciudadanos a la justicia y argumentó que el modelo de tasas judiciales que impone el Goberno "sólo va dirigido a personas jurídicas con una cierta entidad económica, y nunca a personas físicas".

Además, aseguró que el nuevo sistema de tasas judiciales diseñado por el Gobierno de José María Aznar "no tiene nada que ver" con el que se derogó a mediados de los años 80 y del que, añadió, "se tiene un mal recuerdo", porque "funcionaba muy mal" y eran unos pagos "generalizados".