Carmona declaró a Servimedia que la idea de Hernando "supone incidir, una vez más, en una política general de privatización, en cierto modo, de los servicios públicos, de manera que los ciudadanos tengan que pagar por obtenerlos".

A juicio del magistrado, sería "una vuelta atrás", ya que las tasas se suprimieron al ser "un obstáculo añadido" al derecho de acceso a los tribuales, cuya supresión estaba justificada porque "se gastaban más recursos públicos en la gestión de las tasas que lo que se podía obtener al implantarlas".

Aunque indicó que con esta medida se intenta poner freno, a su juicio, a la "litigiosidad temeraria", agregó que estas prácticas pueden ser evitadas sin necesidad de que haya un requisito adicional para que los ciudadanos accedan a los tribunales.

"No nos parece razonable", agregó Carmona, "volver al sistema de tasas, felizmente superado. A vecs, se trata de justificar la vuelta a las tasas para poner un cierto freno a una utilización abusiva de los tribunales por parte de los litigantes".

Explicó que si se trata de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva, nadie debería pagar por poder disfrutar de un derecho fundamental. En su opinión, el hecho de que algunas personas abusen de este derecho no es motivo para "hacer pagar a todo el mundo por el derecho de acceso a los tribunales, que es un derecho fundamental de primer grado y dbe estar facilitado lo más posible".