Para Pascual, "la justicia, y su coste debe ser igual para todos y las excepciones no pueden justificar el principio. Por ello, las exenciones no pueden justificar una tasa".

Tras señalar que, si bien la idea del Gobierno es fijar las tasas en función del tipo de procedimiento, y no del usuario de la justicia, el presidente de Hispajuris agregó que "las exenciones previstas otorgan a las tasas propuestas un carácter recaudatorio y disuasorio" especialmente en los procedimientos contencioso-administrativos.

En este sentido, Pascual recuerda que, de acuerdo con estadísticas recientes, el número de recursos contencioso-administrativos que la Administración pierde ha aumentado "sensiblemente" en los últimos años.

"Encarecer estos recursos no resulta una forma apropiada de hacer frente a la situación", sostiene Pascual. "Parecería preferible que, en su lugar, la Administración procurará aclarar previamente aquellos aspectos de su actuació que resulten confusos y susceptibles de interpretación, evitando al administrado tener que recurrir al recurso contencioso-administrativo".

En cuanto a las tasas relacionadas con procedimientos civiles, el presidente de Hispajuris destacó la "ineficiencia" del actual sistema de ejecución de condenas dinerarias, "suficientemente conocida y sufrida por todos los profesionales del Derecho".

"Añadir coste a esta situación no contribuye a mejorarla", agregó. "Las tasas en esta jurisdicción solo se jutificarían si tuvieran la consideración de pago de un precio para el aumento de la eficiencia en la ejecución de las sentencias", concluyó.