Así lo desvela un informe publicado este miércoles por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) tras analizar sus importes en 56 grandes urbes, tal y como avanzó la entidad en un comunicado en el que precisó que actualmente las tasas de basuras “siguen reflejando una compleja serie de conceptos que varían según cada ciudad” gravando o reduciendo su coste real.

En concreto, para una vivienda de 95 metros cuadrados, con tres personas empadronadas, un valor catastral de 79.000 euros y un consumo anual de agua de 175 metros cúbicos situada en una calle de la categoría fiscal más habitual en cada ciudad, las tasas superan los 150 euros en Barcelona, Gerona y San Sebastián (202,50 euros), mientras que no llegan a los 30 euros en Alicante y Soria (27,60 euros).

“Es más, a día de hoy, en Badajoz, Málaga y Las Palmas no se facturan de forma expresa, probablemente porque se incluyan en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), sin que haya una correspondencia entre el precio cobrado y la satisfacción con la gestión de los residuos”, abundó la organización.

A este respecto, subrayó que dicha situación “va a cambiar necesariamente” en abril, fecha en la que entra en vigor la Ley 7/2022 de Residuos y suelos contaminados para una economía circular que refleje el “coste real” de todas las actividades relacionadas con la gestión de las basuras del ayuntamiento, incluyendo recogida, transporte, tratamiento, mantenimiento de vertederos y campañas de concienciación.

NUEVA NORMA

En este punto, recordó que la nueva norma contempla la posibilidad de incluir criterios para personalizar la cuantía de la tasa, basados en el principio de “quien contamina, paga”. “Por lo tanto, el importe podría ser diferente a la hora de pagar la tasa si en nuestra localidad es un importe fijo para todos los consumidores, o si varía en función de la calle en la que se encuentra la vivienda, o si hay tarifas diferentes para los usuarios según cómo separen las basuras”, agregó.

Junto a ello, puntualizó que también está previsto que se apliquen tasas “diferenciadas” para consumidores en riesgo de exclusión social; unas tarifas especiales, que, explicó, “suelen tener en cuenta” los ingresos, o la condición laboral, familiar o personal o incluso la ubicación de la vivienda.

En este contexto, solicitó a los ayuntamientos que la “presumible subida” de las tasas más bajas se "refleje" en una "bajada" del importe de otras tasas municipales como el IBI que, “hoy por hoy, recogen parte de su coste”.

Además, recomendó a los consumidores que consulten posibles reducciones de estas tasas, puesto que en “muchas” ciudades hay bonificaciones para hogares con bajos ingresos, pensionistas, desempleados, personas con discapacidad o familias numerosas.

“La accesibilidad de los contenedores y los puntos limpios son otros aspectos que los ayuntamientos deben mejorar, incentivando la recogida de envases plásticos a través del nuevo sistema de envases retornables”, sentenció, al tiempo que instó a las autoridades nacionales y europeas a seguir trabajando para evitar el “sobre embalaje” de todo tipo de productos a la venta.