Según fuentes cercanas al Ejecutivo balear, los responsables del Ministerio de Economía y Hacienda consideran "razonables" las peticiones de ambos archipiélagos, que se sienten discriminados por el gravamen impuestoen su principal medio de transporte.

Tras una reunión mantenida en Madrid entre los responsables de la Dirección General de Tributos del Ministerio y el consejero de Economía balear, Antoni Rami, el Gobierno se comprometió a dar una respuesta a sus peticiones en el plazo de una semana.

Según Antoni Rami, "los gobiernos de Baleares y Canarias no cuestionamos la tasa en sí, sino su aplicación en los aeropuertos insulares". El consejero regional de Economía afirmó que el gravamen es "discriminatoriopara los ciudadanos de las islas y perjudicial para su principal fuente de ingresos, la industria turística".

La tasa aeroportuaria se pagaría en el momento de la compra del billete. Según la Asociación Española de Compañías Aéreas (AECA), supondría un sobrecoste anual para los pasajeros de más de 1.500 millones de pesetas.

AECA y la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de Baleares (PIMEM) han criticado la nueva tasa fijada por el Gobierno de José María Aznar. PIMEM considera que "supone unagravio comparativo cuando Renfe nos cuesta a los ciudadanos más de 300.000 millones de pesetas".