La TSN, en la que previsiblemente irán almacenados datos en cinta magnética legibles a través de medios informáticos, "ha sido sin duda concebida cmo un instrumento de mejora de la atención a los ciudadanos por parte del sistema sanitario público", le dice la CLI al ministro.

Sin embargo, esta tarjeta podría atentar no sólo contra el derecho a la intimidad, sino incluso contra otros, "como el derecho al trabajo, en el caso de determinadas enfermedades (por ejemplo el sida)".

La CLI, integrada por organizaciones sociales, jurídicas y sindicales, duda asimismo que el sistema sanitario público "esté preparado actualmente para el adecuado aprovchamiento de este nuevo instrumento tecnológico".

La carta señala que, según la recomendación del Consejo de Europa sobre Bases de Datos Médicas Automatizadas, el uso de la tarjeta deberá ser totalmente voluntario.

El usuario tiene derecho a conocer el contenido de los datos grabados en la tarjeta y podrá ejercer de forma sencilla y gratuita los derechos de rectificación y borrado de los mismos reconocidos por la Ley Orgánica de Regulación del Tratamiento Automatizado de los Datos de carácter Peronal (Lortad), norma que se encuentra actualmente en tramitación parlamentaria.

En la tarjeta sólo deben figurar aquellos datos que sean imprescindibles para la debida atención sanitaria.

Otro de los requisitos del Consejo de Europa es que debe estar garantizado, "mediante los procedimientos administrativos e informáticos adecuados", que los datos sólo se usan para el fin antes citado y que únicamente pueden ser conocidos por el poseedor de la tarjeta y el personal sanitario que le atienda.

ientras no se cumplan todas estas condiciones no debería implantarse la TSN, dice la CLI a Griñán.

La comisión, que ha dirigido una copia de la carta al Defensor del Pueblo, se ha puesto a disposición del Ministerio de Sanidad "para colaborar a que la implantación de la tarjeta sanitaria cumpla su potencial papel positivo".