La investigación ha permitido acreditar las pésimas condiciones de salubridad en las que se encontraban las instalaciones que utilizaban y las malas condiciones para el consumo humano de los atunes, a los que inyectaban aditivos para darles una apariencia de frescura, “poniendo en grave peligro la salud pública de los consumidores”.

En su auto de pase a procedimiento abreviado, la magistrada considera que los hechos investigados pueden ser constitutivos de los delitos de falsedad documental, contra la salud pública, contra la fauna, contra los derechos de los consumidores, descubrimiento y revelación de secretos, participación en organización criminal y blanqueo de capitales.

La titular del Juzgado Central de Instrucción Tres envía a juicio a ocho investigados, entre ellos un guardia civil y responsables del Grupo Pescnortmar Carlos Fernández Fernández, Javier Amorós y Khalid Mouslim y del Grupo Ricardo Fuentes, los hermanos José y Juan Pedro Fuentes García.

El Grupo de empresas Ricardo Fuentes, al que la juez envía a juicio junto con otras once mercantiles, indica la resolución, es el mayor exportador de atún rojo, tiene su sede central en Cartagena y diferentes granjas de engorde en las provincias de Murcia, así como en Malta y Túnez y almadrabas en Cádiz, Marruecos, Italia y Portugal.

“MODUS OPERANDI”

El auto explica que parte de la actividad de esta trama se llevaba a cabo de manera legal, de acuerdo con la normativa administrativa vigente, mientras que otra parte se realizaba de manera irregular introduciendo en el mercado atún rojo pescado ilegalmente, con omisión o falsificación de la documentación requerida para su captura y comercialización para consumo humano. Esta confusión deliberada entre el atún de procedencia ilícita y en buen estado y el atún de procedencia ilícita y en mal estado fue ideado por la organización para dificultar la detección del fraude.

Para introducir el género capturado de forma irregular o procedente del exceso gestionado en sus granjas de engorde recurrían a falsedades documentales de diversa índole, explica el escrito.

La juez señala que la investigación ha permitido acreditar las pésimas condiciones de salubridad en las que se encontraban las instalaciones que utilizaban los investigados en su actuación. A esto se suma el hecho, dice, de que durante el transporte el género no cumplía con unas mínimas condiciones de higiene, como el aislamiento de los productos alimenticios en continente hermético o mínimamente protegido.

Añade que la constante adquisición de atunes rojos de procedencia ilícita y su cobertura en el tráfico mercantil mediante documentación manipulada, alterada o simulada, impedía la trazabilidad de los alimentos, cuestión básica para la salud pública, dado que el almacenamiento y posterior venta amparada bajo esta documentación producía la consecuencia de que, finalmente, no podía conocerse de dónde procedía el atún, cuándo se había sacrificado, cuánto tiempo llevaba en expedición, etc.

En el contexto de esta distribución en el mercado de consumo humano, parte de los ejemplares de atún rojo se encontraban en mal estado, dándoles otra apariencia a través del inyectado de aditivos para dar una apariencia de frescura, poniendo en grave riesgo la salud pública de los consumidores, indica.

SALUD PÚBLICA

Para la instructora, han quedado también indiciariamente acreditadas las condiciones en las que funcionaban las instalaciones de los investigados, especialmente una “nave B” que utilizaban sin permiso administrativo de funcionamiento y que operaba al margen de los controles sanitarios y en unas condiciones de salubridad detestables.

Todo este conjunto de irregularidades, afirma, supone un peligro evidente para la salud pública, como demuestra que en algunas de las muestras de pescado analizadas se han detectado concentraciones de histamina en niveles superiores al máximo aconsejable. Además, subraya que el riesgo para la salud de las personas llegó a concretarse en la detección de alguna intoxicación alimentaria.

“El objetivo final del entramado creado por el grupo criminal es el lucro económico, por lo que las acciones que los investigados realizan en sus diferentes intervenciones están siempre encaminadas a enmascarar la captura de los animales mediante la pesca furtiva y su posterior paso a la cadena de comercialización amparados en documentos falsos emitidos por los integrantes de la organización; así como a ocultar los ingresos dinerarios obtenidos del ilícito comercio. Para lograr estos fines los investigados utilizan unas pautas idénticas en cada una de sus actuaciones, acordadas y planificadas de antemano, es lo que podríamos denominar el ‘modus operandi’“, concluye.

En el auto de pase a procedimiento abreviado se acuerda dar un plazo de diez días a la Fiscalía y a las acusaciones para que soliciten la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa.