De dicha suma, 4.000 millones de dólares se destinarían a los programas educativos de la Fundación American Legacy para prevenir el consumo de tabaco. Los 10.000 millones de dólares restantes, se dedicarían a clínicas que desarrollen programas para dejar el hábito de fumar, líneas telefónicas de ayuda e investigación.

Según informa la prensa norteamericana, el Gobierno ha propuesto también una prohibición del uso de denominaciones como "light" y "suave" para los cigarrillos, así como el nombramiento de un responsable de investigación con autoridad para supervisar e investigar a las empresas del sector.

Las empresas implicadas en este caso son Philip Morris, British American Tobacco, RJ Reynolds, Liggett Group y Lorillard Tobacco, contra las que el Estado norteamericano presentó los cargos de conspirar durante cincuenta años para ocultar los efectos nocivos del tabaco para la salud y la naturaleza adictiva de los cigarrillos.

La cifra que reclama actualmente el Gobierno es significativamente inferior a los 130.000 millones de dólares que pidió inicialmente. La demanda contra las tabaqueras se presentó durante la presidencia de Clinton en 1999, y el Partido Demócrata, ahora en la oposición, acusa al actual Gobierno republicano de haberse plegado a los intereses de la industria tabaquera.