Los fumadores aportan unos ingresos considerables a las arcas públicas a través del Impuesto Especial que grava el tabaco, pero esos fondos son administrados por la Administración central y no llegan a aquellas comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias sanitarias, como es el caso de Andalucía, señaló a Servimedia Rafael Urrialde, responsable de salud de la UCE.

La UCE, que no ha apoyado ninguna demanda interpusta por particulares en España contra las empresas fabricantes y comercializadoras de cigarrillos, sí defiende que, como ha sucedido en Estados Unidos, sea la Administración la que reclame indemnizaciones a las tabaqueras por el gasto sanitario público generado por el tabaquismo.

"Siempre, cuando se produjo esa situación en Estados Unidos, defendí que los Estados llegaran a acuerdos o fueran los demandantes frente a las compañías tabaqueras porque los impuestos especiales no son transferidos a los estdos, y en el caso español lo mismo: los impuestos especiales no son transferidos y los gastos los asumen los sistemas sanitarios", señaló Urrialde.

En cualquier caso, la UCE considera que como en España no está prohibido fumar, sino que incluso es una fuente de ingresos fiscales, los fumadores no tienen responsabilidad alguna en el gasto sanitario que más tarde puedan ocasionar.