El diputado Francisco Amarillo considera que sólo mediante una participación suficiente se podrá permitir la defensa de los intereses del Estado en general y, en particular, el mantenimiento del actual tejido industrial y el de la producción.

La total privatización del capital social de Tabacalera, asegura, puede ser "gravemente lesiva" para los intereses de los productores y para la red comercial de la compaña.

Por este motivo, advierte que la composición de un Consejo de Administración en el que solamente esté representado el capital privado no puede garantizar la defensa de esos legítimos intereses de productores y trabajadores del sector tabaquero.