Según la UCE, "la suspensión tiene un carácter deficiente en tano es tardía, provisional desde luego, pero sobre todo, si se prolonga en el tiempo generará que estos mismos servicios se ofrezcan desde el ámbito internacional (con el prefijo 07) con un coste mucho más elevado".

Esta situación crea, en opinión de los defensores de los consumidores, "una situación de indefensión de los usuarios españoles, ya que el acceso a esta oferta no contará con ningún tipo de garantías y será libre. Los intereses económicos de los usuarios se podrían ver más perjudicados al insalar estas empresas en otros países extranjeros".

La UCE considera que es preciso buscar a corto plazo una situación que facilite, a través de una norma que regule el equilibrio necesario entre los derechos de los ciudadanos y usuarios del servicio telefónico y los intereses comerciales de las empresas explotadoras, dirigida fundamentalmente a aquellos servicios que más distorsión han creado en la opinión pública: "chat line (party line) y líneas eróticas.

La Unión de Consumidores de España solictó el pasado mes de mayo la suspensión del servicio en tanto que no se estableciera la regulación del sistema. La suspensión en ese momento hubiese facilitado una resolución sosegada antes que la alarma social se hubieses generado.