Los hechos ocurrieron hace unas semanas cuando José Almira, el demandante, acudió a consistorio para solicitar una licencia de obras.

Según su versión, el concejal le dijo que la operación era "difícil pero no imposible" y le pidió 200.000 pesetas a cambio de realizarle la gestión.

Almira aceptó, pero en la segunda entrevista que mantuvo con Aguilar llevó consigo una grabadora y registró la conversación que mantuvieron, en la que el edil le exigió 50.000 pesetas más.

Las cintas fueron entregadas al PSOE local, que las presentó en un pleno extraordinario para debatir el preunto soborno.

Algunos grupos políticos exigieron responsabilidades a José Franco, el alcalde popular, que a pesar de escuchar las cintas no quiso dar credibilidad absoluta al contenido de las mismas hasta que el juez se pronuncie.