La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional juzgó en diciembre de 1999 a estas cinco personas por su implicación en el secuestro y asesinato de José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, ocurrido en 1983. La vista oral duró tres meses y la sentencia se dictó en abril del año pasado.

Los magistrados de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional les encontraron culpables de dos delitos de detención ilegal y de otros dos de asesinato, aunque les absolvió de pertenencia a bnda armada, así como de lesiones y torturas.

La Sala impuso 71 años de cárcel a Rodríguez Galindo y otros tantos a Elgorriaga. Asimismo, condenó a 69 años de prisión a Vaquero, y a 67 años y 8 meses tanto a Dorado como a Bayo. Por su responsabilidad en los hechos, la Audiencia Nacional cifró en 25 millones de pesetas la indemnización que deberán abonar a cada una de las familias de José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala.

Sin embargo, la sentencia no es firme hasta que diga la última palabra la Sla de lo Penal del Tribunal Supremo, que deberá decidir si confirma el fallo o lo modifica, a la vista de los recursos presentados por los cinco condenados y por las familias de José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala.

HECHOS PROBADOS

Los magistrados de la Audiencia Nacional consideraron probado que José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala desaparecieron en la noche del 15 de octubre de 1983, cuando unos desconocidos, por orden de Rodríguez Galindo, "les abordaron y lograron inmovilizarlos e introducrlos en los coches que llevaban y, con ellos ocultos, pasaron la frontera y llegaron a San Sebastián".

Lasa y Zabala fueron trasladados hasta el Palacio de la Cumbre, donde fueron interrogados durante varios días por Dorado y Bayo, quienes seguían órdenes de Vaquero, instruido previamente por Rodríguez Galindo. Este último, junto con el ex gobernador civil de Guipúzcoa, visitó a las víctimas el primer día, mientras que el jefe inmediato de Dorado y Bayo los "visitó con frecuencia".

"Concluidos lo interrogatorios", continúa el relato de hechos probados, Rodríguez Galindo, Elgorriaga, Vaquero, Dorado y Bayo acordaron matar a Lasa y Zabala para hacerlos desaparecer. "Decidieron llevarlo a cabo en un paraje aislado, que les permitiese deshacerse de los cuerpos".

Así, Dorado y Bayo, junto con otras personas, trasladaron hasta la Foya de Coves, término municicpal de Busot (Alicante), a Lasa y a Zabala, a quienes previamente habían atado, amordazado y vendado los ojos, para posteriormente dispararle en la cabeza, provocándoles la muerte inmediata.

"Después arrojaron los cuerpos, sin ropa, aún amordazados y con unas vendas, a una fosa que habían preparado [...] y los cubrieron con tierra y con más de 50 kilos de cal viva", agrega la sentencia.

El asesinato fue reivindicado por los GAL mediante llamada telefónica a la Cadena Ser de Alicante, el 20 de enero de 1984. Un año después, un cazador de la zona descubrió restos de huesos humanos, algunos dentro de un hoyo y otros "esparcidos por la ación de las alimañas".

Los cadáveres no fueron identificados y quedaron despositados en el cementerio municipal de Alicante, donde permanecieron hasta diez años después, cuando Jesús García, entonces jefe de la Policía Judicial de los juzgados de Alicante, empezó a sospechar que esos restos humanos podían pertenecer a Lasa y a Zabala, cuya desaparición había sido denunciada por sus familias.

Posteriormente, las pruebas científicas confirmaron la tesis de Jesús García, quien falleció cuando compareía como testigo ante el tribunal que juzgó el asesinato y secuestro de Lasa y Zabala.